El pretexto para quejarse ha sido doble: por una parte, la acusación de interferir en el tema limítrofe, en que un diputado llegó a acusarlo de antipatriota, y por otra, un supuesto aprovechamiento del episodio para sus actividades empresariales. Lo primero queda desvirtuado de raíz con la declaración pública de Piñera en Lima —que él afirma haber reiterado al propio mandatario peruano— de que comparte en un ciento por ciento, como todo el país, la posición del Gobierno en la materia. Más aun, cuando advirtió de su viaje al canciller Foxley, quien puso a su disposición toda la información necesaria, e incluso cambió de fecha por indicación del ministro. Este, por lo demás, ha señalado su voluntad de actuar en igual forma y sin consideraciones partidistas con cualquier chileno que, en uso de su libertad, se dirija al extranjero.
Tampoco cayeron bien en los círculos concertacionistas —no todos— las intervenciones del probable candidato respecto de una futura agenda común chileno-peruana de desarrollo económico, en especial hacia el Asia-Pacífico, y también en aspectos culturales y energéticos, al sostener que ella debería impulsarse aun estando pendiente la solución del problema que ha planteado el Perú en La Haya, evitando que éste trabe los múltiples aspectos de las relaciones bilaterales. No parece que tales propósitos puedan ser vistos como atentatorios al interés nacional.
En cuanto a las facetas “empresariales” de la gira, el propio interesado niega que existan, desmintiendo a algún medio de prensa peruano que haya dicho lo contrario. La presencia de la ministra de Transportes en la entrevista con el Presidente García se debe obviamente a una decisión de éste en que no cabe participación al visitante, cualquiera sea la motivación que aquél haya tenido, y lo mismo ocurre con la consulta sobre formación de pilotos de aerolíneas que Piñera derivó a los ejecutivos de LAN. Nada de eso cambia el carácter de su iniciativa.
En cambio, más allá de su derecho a reunirse con quien quiera y aun no teniendo cargo público y ni siquiera investidura formal de candidato, debería estar plenamente consciente de los efectos de cada uno de sus actos para sus aspiraciones políticas. El que una cena con líderes de opinión haya tenido como anfitrión —así sea su amigo personal— al presidente de LAN-Perú, una empresa en la que posee vínculos importantes, lo expone innecesariamente a críticas y perjudica la imagen de su viaje. Ello forma parte de un problema mayor, como es el de la demora en separar radicalmente las dos órbitas en que se desenvuelve. Es cierto que no tiene aún obligación legal alguna al respecto y que, al igual que muchos otros, habrá de sujetarse a las normas que con tardanza quizás deliberada propuso el Ejecutivo, pero sin perjuicio de ajustarse después a ellas, es de su propia conveniencia y la de su sector anticipar todo lo que pueda en esa línea.
La Segunda